Reportaje Barcelona
Los ciudadanos quieren recuperar su ciudad

Barcelona es el destino turístico europeo preferido para viajes de fin de semana y escala para grandes cruceros. Por desgracia. Pues la situación trae consigo multitud de problemas y ante ella se ha levantado una oleada de resistencia.

De Ulrike Prinz

Mucho se ha escrito sobre la gentrificación y turistificación de todas las ciudades europeas de importancia. Pero España está particularmente afectada por el fenómeno, y dentro de España la principal víctima es Barcelona. Los motivos de ello son muy diversos. Tras el hundimiento del mercado inmobiliario a finales de 2008, no solo se arruinaron muchos inversores, sino que afectó sobre todo a las familias. En los años 2012 y 2013 se llevó a cabo un desahucio de vivienda cada 15 minutos. Desde entonces, la situación general de la vivienda ha experimentado un cambio radical.

La crisis dejó tras de sí miles y miles de viviendas vacías. Según un censo de la administración municipal llevado a cabo en noviembre de 2016, estamos hablando de unas 80.000 residencias desocupadas. Estas viviendas, ahora depreciadas, se encontraban mayormente en barrios atractivos para el turismo, y fueron compradas y acaparadas por fondos de inversión. Es decir: quedaron así sustraídas del mercado habitual del alquiler. Al mismo tiempo, el aumento de la precariedad social hizo que ascendiera rápidamente la demanda de vivienda alquilada. Según datos del portal inmobiliario Idealista, el precio de los alquileres en Barcelona subió un 59,2 por ciento entre 2013 y 2017. Debido a la singular capacidad de atracción de esta ciudad a orillas del Meditárraneo, el número de apartamentos turísticos legales e ilegales creció como un cáncer maligno. Una herramienta que ofrece la ONG Inside Airbnb permite ver la vertiginosa evolución de los últimos años.

Los inquilinos resisten

“En Barcelona estamos viviendo una oleada especulativa y una comercialización del espacio habitable que ahora se concentran en el área del alquiler, no como antes cuando se especulaba con las hipotecas”, explica Daniel Pardo de la ABTS, Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible, y prosigue: “El fenómeno ha puesto en marcha un proceso más acelerado y violento de expulsión del vecindario, al tiempo que ha despertado también nuevas resistencias.” Nos reunimos con Daniel Pardo y Mariona Roca Tort en La Negreta del Gòtic, un centro comunitario autogestionado. La resistencia cobra entidad en innumerables iniciativas ciudadanas y organizaciones, al tiempo que da nuevo vigor a grupos que ya venían actuando, como la PAH. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca/Stop Deshaucios, según explica Daniel, se había formado para resistir contra los desalojos forzosos tras la crisis hipotecaria y lucha para impedir que las personas se vean, literalmente, puestas en la calle. Muchas de las nuevas iniciativas ven en ella algo parecido a un modelo. Del movimiento 15M y la PAH surgió el partido ciudadano Barcelona en Comú, cuya portavoz de aquella época fue Ada Colau, hoy alcaldesa de la ciudad. Muchos de quienes la acompañaron en el combate trabajan hoy en las instituciones municipales. Daniel menciona numerosas iniciativas surgidas en los barrios y cuyos participantes defienden su derecho a la vivienda y a la ciudad, pues el objetivo es también el espacio público. Una de ellas es la iniciativa Ressistim al Gòtic, a la que pertenece Mariona. Su objetivo es ante todo dar capacidad de acción a los residentes, nos explica esta mujer menuda, pero con fuerte voluntad. “Sobre todo prestamos ayuda, también en los aspectos jurídicos, e intentamos hacer visible el problema de la brutal expulsión de residentes en el barrio.” En el Barrio Gótico, explica Mariona, la “población flotante” supera ahora mismo a los residentes.

Otras organizaciones trabajan en toda la ciudad, como la reciente iniciativa del sindicato de inquilinos, Sindicat de Llogaters, o también la misma ABTS, que coordina unas 30 iniciativas de la localidad y busca posibilidades de solución a conflictos desencadenados por el sector turístico. “El sector turístico explota la ciudad y a sus habitantes en un grado muy intensivo. Podemos verlo sobre todo en la expulsión de residentes, pero también en la mayor precariedad del trabajo. A causa de la especialización en el mercado laboral, el turismo ofrece peores condiciones y salarios más bajos en la ciudad entera“, subraya Daniel.
     

El derecho a la ciudad

En Barcelona, después de que la especulación inmobiliaria internacional y la presión del sector turístico desencadenaran una explosión descomunal de los precios, los catalanes tienen que pagar hoy por su alquiler más del 46 por ciento de sus retribuciones. El porcentaje asciende al 65 por ciento en el caso de jóvenes menores de 35 años. En España, el promedio es tan solo del 31 por ciento. A nadie le parece previsible que la espiral de subidas vaya a detenerse por ahora.

De esta situación de urgencia surgió en mayo de 2017 el sindicato de inquilinos, o Sindicat de Llogaters. Enarbolando en su bandera la exigencia “por una vivienda digna”, intenta dar voz a los inquilinos barceloneses. “Nuestra campaña dice: `¡Nos quedamos!´”, refiere Marta Ill, portavoz del Sindicat de Llogaters. El problema de la expulsión de residentes no se restringe a los barrios turísticos del centro antiguo ni a los barrios de moda en este momento, sino que está extendido por la ciudad entera. La amenaza se cierne ante todo sobre gente joven, como ella misma, que carecen de vivienda en propiedad y tampoco van a poder permitírsela en un plazo manejable, debido precisamente a la explosión de los precios.  

Quitarle el atractivo a la especulación

En un mapa interactivo (ya no está disponible), el Sindicato muestró cómo solo en Barcelona hay 3.000 viviendas en manos de 15 fondos de inversión inmobiliaria.

Para retirar en Barcelona estímulos a la especulación, es urgente y necesario cambiar la ley de alquileres vigente a nivel nacional (LAU, Ley de Arrendamientos Urbanos). Dicha normativa tiene su parte de responsabilidad en la situación de emergencia, pues permite que los propietarios cada tres años puedan disolver el contrato o elevar la renta a su criterio. Hace poco, la Generalitat de Catalunya publicó rentas de alquiler modelo por barrios, pero, para la inmensa decepción de las iniciativas ciudadanas, sin que sean obligatorias para los arrendadores.

“Intentamos sobre todo animar a la gente a defenderse”, refiere Marta. La idea es que se queden en las viviendas aunque se haya terminado el contrato. “Técnicamente se le llama `vivir de precario´; desde el punto de vista formal no eres un ocupa, sino alguien `en situación de precariedad´, sin cumplir el contrato.”

Huelgas de inquilinos, desobediencia civil y ocupación de edificios

Una huelga de inquilinos, como la que hubo en 1931 en Barcelona y que dejó la ciudad exhausta, no es una posibilidad que tomen en consideración en esa misma forma. “Hoy los gastos procesales –aduce Marta– son muy elevados, y es probable que el inquilino acabe perdiendo. Por ello la estrategia que seguimos es otra: en Barcelona hay propietarios de inmuebles que poseen edificios enteros en barrios distintos. Agrupamos los casos de un mismo propietario y, según marchen las negociaciones, podemos amenazar con la huelga de inquilinos.” De momento, el Sindicato recomienda la estrategia de la “huelga a la japonesa”: “Consiste en que, aunque el contrato haya terminado y el propietario no me acepte ya los pagos de la renta, los sigo abonando en una cuenta judicial; si me va a echar –sigue explicando Marta–, puedo decir que he pagado todos los meses y que no me puede poner en la calle”.

Rebelarse no es algo que haya que enseñar a los barceloneses, pues la ciudad tiene larga tradición a ese respecto, según nos cuenta Iñaqui García. Iñaqui y su Lokal son más que una librería; son una institución en el Raval. 30 años lleva ya abierto el establecimiento, un colectivo libertario en pleno barrio chino de Barcelona. Es el centro desde el que se organiza la resistencia. Cuando, por ejemplo, hay un desalojo forzoso inminente, el día anterior se envía un WhatsApp a todos los interesados, y los activistas se congregarán para impedirlo. Lo normal es que lo consigan por dos o tres veces. Pero en cada nueva ocasión se intensifica el dramatismo y la presencia policial.
    Defenderse y ejercer presión política. Aquí va incluido también ocupar casas. Para la mayoría de activistas de Barcelona, es una herramienta importante a la hora de luchar por unas condiciones sociales más justas. “En el Proyecto Lancaster estuve desde el principio”, cuenta Jarek, un joven activista polaco que lleva siete años viviendo en Barcelona, donde ha encontrado mucha diversidad de movimientos sociales. “Antes fue Guernika. Se hizo la ocupación para crear allí una entidad social para las familias que se encontraban en peligro de exclusión social.” Jarek no tiene el aspecto que imaginaríamos en un okupa. Tiene una apariencia sensible, delicada casi; solo su mirada delata al luchador que lleva dentro. Lancaster es una calle paralela a las Ramblas, inundadas con el aluvión turístico. Eran unos edificios completamente abandonados a su suerte; en algunos casos llevaban hasta siete años sin agua corriente. La intervención tuvo éxito y el Ayuntamiento compró los tres edificios de Lancaster 7, 9 y 11.

Narcopisos transformados en viviendas sociales

La abundancia de viviendas vacías ha originado también en el Raval otro problema: los denominados “narcopisos”. Se trata de viviendas que sufren una ocupación para dedicarlas a la venta y el consumo de drogas. Aquí se agudizan los problemas de la situación de la vivienda en Barcelona: hasta casi 50 narcopisos ha llegado a contar la iniciativa Acció Raval, pertenecientes en su mayoría a fondos buitre y bancos. “Estas mafias tienen toda la información precisa. Saben que el propietario de la vivienda no los va a denunciar. Ya es bastante significativo que, cuando una familia hace una ocupación, los echan al día siguiente, pero los traficantes de droga hacen una ocupación y pueden seguir allí mucho tiempo sin que la policía haga nada.” Iñaqui se encoge de hombros. “Donde abre sus puertas un narcopiso, la escalera se viene abajo y el precio del inmueble baja.” Las “caceroladas” sirven a los residentes para llamar la atención sobre el problema. Así demuestran a los traficantes que no quieren tenerlos en el barrio y reclaman la actuación de ayuntamiento y policía.
  Los activistas reclaman que se transforme en viviendas sociales las viviendas en manos de los bancos, que, a fin de cuentas, fueron salvados con dinero público. A finales de febrero de 2018 consiguieron el apoyo del Síndic de Greuges, o defensor del pueblo, Rafael Ribó. También él pensaba en convertir en viviendas sociales al menos un 30 por ciento de los inmuebles del “banco malo” Sareb. En la ciudad, en efecto, había una lista de espera de 59.000 personas, muchísima gente sin hogar y una política de construcción de vivienda social totalmente insuficiente (apenas alcanzaba un 1,5 por ciento).

Cómo mandar en la propia casa

A todos estos problemas tiene que enfrentarse el Ayuntamiento. La concejala Gala Pin no tiene apenas tiempo entre una reunión y la siguiente. Inmersa en una batalla en todos los frentes, expone las estrategias de su gobierno contra la especulación y a favor de reformar el modelo turístico; es decir, las medidas con las que BCNenComú intenta contrarrestar el torbellino de la gentrificación. En el nivel de emergencia, el objetivo es detener los desalojos forzosos. “Solamente en Ciudat Vella –refiere Gala– hay unos 100 desalojos al trimestre... A veces es posible encontrar soluciones con medios públicos, otras veces directamente con los propietarios…”

Cuando habla, es un torbellino de medidas posibles: actuar con más dureza en cuanto a los propietarios, detener obras de reforma cuando se expulsa a los residentes, obligar a resentarlos en la antigua vivienda, comprar inmuebles, crear viviendas sociales... “Por ejemplo, compramos los edificios de la calle Lancaster 7, 9 y 11 para proteger a los residentes.” De ahí se pasa a medidas a medio plazo contra la especulación: ceder fincas públicas para fomentar las cooperativas de vivienda y otros modelos que colaboren con sectores privados que aspiran a la rentabilidad a plazo más largo.

Recuperar el control sobre el modelo turístico

También se pretende transformar el modelo turístico de Barcelona dentro de un “plan de primeros auxilios”. El Ayuntamiento acaba de invertir así 2.400.000 € en un “Plan vecinal” para mitigar los efectos descomunales del turismo masivo en el centro urbano. Las medidas van desde instalar cuartos de baño públicos, hasta la contratación de personal auxiliar en espacios públicos para que velen por el cumplimiento de las reglas de convivencia, y toda una lista innumerable de otras medidas.

En la lucha contra el turismo masivo, los auténticos obstáculos son, ante todo, las grandes entidades interesadas, como el Puerto de Barcelona. Más de la mitad de los turistas de cruceros pasa en Barcelona una estancia de tan solo cuatro horas… Inundan la ciudad y alimentan un consumo muy concreto. “¡Lo veo como una plaga de langosta!”, dice Gala tomando aire por un momento. “Tenemos que conseguir –concluye– que las entidades que impulsan el turismo asuman su parte de responsabilidad.”

Movilización ciudadana y primeros logros

Desde que los Comunes gobiernan Barcelona se han producido ya algunos cambios. Ada Colau restringió las licencias de alquileres turísticos y ganó la primera batalla contra Airbnb, que en agosto de 2017 tuvo que eliminar de su plataforma más de 1000 viviendas ilegales. El Ayuntamiento, además, hace uso de su derecho de tanteo, adquiriendo parcelas y edificios en mal estado para convertirlos en viviendas o cambiar su función a centros municipales. Así, por ejemplo, está reformando el emblemático edificio El Borsì, un antiguo casino en el Barrio Gótico, o, el teatro l´Arnau en el Paralelo, semiabandonado desde 18 años atrás. Otro éxito ha sido la Calle Lancaster. Daniel Pardo reconoce que, por lo menos, el Ayuntamiento ha cambiado su discurso. Y todos los activistas coinciden en que la corporación de Colau marcha por el camino correcto. Pero, en la actual situación de emergencia, las medidas adoptadas siguen pareciendo nada más que meros paños calientes. De ahí que las iniciativas estén ejerciendo más presión, y justo eso, subraya Gala Pin, es lo que necesita el Ayuntamiento. “¡Si podemos cambiar las leyes, es solamente porque la ciudadanía está movilizada!” Para imponerse a los “sectores privados”, los políticos necesitan una ciudadanía fuerte y rebelde.