Nicaragua
La guerrera persistente
Las leyes estatales de Nicaragua han sido las más progresistas de Latinoamérica, pero en la práctica son las peores. Un 90 por ciento de las tierras indígenas está amenazado por la invasión de colonos armados. Lottie Cunningham habla sobre su lucha y la crisis humanitaria de su país.
De Ulrike Prinz
Lottie Cunningham Wren continuamente recibe amenazas, incluso de muerte, por defender los territorios indígenas de la costa caribeña del norte de Nicaragua. Pero la abogada indígena de la etnia Miskito no se rinde fácilmente. Con su bagaje intelectual está luchando contra una maquinaria de destrucción que trae muerte y devastación sobre los indígenas y afrodescendientes del país.
La ocupación ilegal de estas tierras por parte de colonos armados empezó en los años noventa. Se formaron varios movimientos indígenas y sociales para proteger sus terrenos. En 2001 Cunningham, fundadora y presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), reunió estas iniciativas e inició la demarcación de los territorios indígenas. Dos años más tarde, se sentaron las bases para la demarcación del territorio de la comunidad indígena mayangna de Awas Tingni. Desde entonces la abogada no ha descansado en su lucha por los derechos colectivos. Sin embargo, miles de indígenas se han visto desplazados por los colonos. “La semana pasada volvieron a atacar”, dice Cunningham por teléfono.
Lottie Cunningham, ¿quiénes son estos colonos y qué buscan en territorios indígenas y afrodescendientes?
Son exmilitares a quienes el Estado de Nicaragua ha venido asignándoles tierras desde los noventa, y durante los últimos diez años se han apropiado ilegalmente de tierras indígenas. Se dedicaban a actividades extractivas, como la minería, y ahora están convirtiendo nuestros bosques en enormes extensiones de pastizales y potreros para el ganado. Un 90 por ciento de los 304 asentamientos indígenas (en 23 territorios) se enfrenta a una invasión masiva de colonos, la mayoría de ellos armados.
¿Qué significa esta invasión para las comunidades?
Estos colonos están expulsando a mi pueblo de sus tierras, donde solían cazar, pescar y recolectar plantas medicinales. En 2015, por ejemplo, desplazaron a varias familias de Wangki Li Aubra, ubicado en la reserva de la Biosfera Bosawás en el río Waspuk. Incendiaron todas las casas de la comunidad Polo Paiwas y hasta el día de hoy las familias no han podido regresar. Se encuentran refugiadas en algunas comunidades del río Waspuk y del río Coco. Muchas de ellas enfrentan hambre y enfermedades… Estamos frente a una crisis humanitaria.
La invasión está destruyendo bosques y recursos naturales vitales, contamina nuestros ríos y esto amenaza profundamente el bienestar de las personas indígenas, sus economías comunitarias, su territorio, su autonomía política y su identidad cultural. Por eso las comunidades temen el etnocidio.
¿Cómo ha evolucionado esta situación?
A partir del 2015 vimos un fuerte incremento de la violencia en los territorios indígenas. Ese año contabilizamos 49 indígenas asesinados, 49 heridos, 46 secuestrados y cuatro indígenas desaparecidos. Todos estos casos están relacionados con la invasión a territorios indígenas. Nos preocupa esta situación. En 2020 al menos 13 indígenas fueron asesinados. Entre las víctimas hay miskitos, mayagnas, ramas, diversos pueblos indígenas del Caribe.
Hicimos un censo únicamente en 12 comunidades de la Costa Caribe Norte, que habían sido puestas bajo protección por el Sistema Interamericano, y constatamos que en 2015 más de 3,000 personas fueron desplazadas, mientras que en 2019 fueron expulsadas 1,007. En estas 12 comunidades se expropiaron un total de 28.000 hectáreas.
En Nicaragua los indígenas y afrodescendientes oficialmente son titulares de sus tierras. ¿El gobierno ha tomado cartas en el asunto?
Las legislaciones nicaragüenses en materia de derecho indígena siempre han sido las más progresistas de Latinoamérica, ¡pero en la práctica han sido las peores! Hay una enorme brecha entre la legislación y su aplicación. El gobierno no ha cumplido con su obligación de proteger los territorios indígenas. No ha implementado la última fase del proceso de demarcación y titulación, conocida como “saneamiento”. De acuerdo con la ley 445 sobre régimen de propiedad comunal, el gobierno debe concluir esta última fase. Pero el Gobierno de Nicaragua no ha demostrado voluntad política para cumplir con las legislaciones nacionales e internacionales en materia de derechos indígenas y derechos humanos.
Este sufrimiento de las sociedades indígenas no se debe únicamente al proceso de titulación inacabado. Una investigación independiente del Oakland Institute muestra en su informe que las autoridades estatales nicaragüenses han jugado un papel activo en alentar la colonización interna de las tierras indígenas. Han dado concesiones y permisos a corporaciones mineras e incluso a la industria forestal y ganadera. En los últimos tres años, la cantidad de tierra con concesiones mineras se ha duplicado con creces, alcanzando los 2,6 millones de hectáreas, es decir, el 20 por ciento del país. Es un conflicto y una situación muy grave para los pueblos indígenas, que la comunidad internacional debe conocer.
Nicaragua está en la crisis más profunda de su historia.
Lottie Cunningham
Nosotros recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) y la Corte IDH en su resolución estableció que el saneamiento de los territorios es una vía para garantizar el uso y goce efectivo del derecho a la propiedad comunal y que el Estado de Nicaragua debe cumplir con ello. Pero hasta ahora no lo ha hecho.
Hemos logrado que 12 comunidades obtengan medidas de protección por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prevé la aplicación de saneamiento en los territorios indígenas. Sin embargo, el Estado de Nicaragua no ha cumplido con estas medidas provisionales.
También hemos elaborado informes para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Estamos utilizando las diferentes relatorías especiales [que forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, Anm. Red.] sobre derechos humanos y medio ambiente, entre otras… y vamos a continuar impulsando acciones para visibilizar esta dolorosa situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua.
¿Por qué el Estado no implementa medidas concretas para proteger la vida, la identidad cultural y los territorios de sus pueblos indígenas?
Porque no hay voluntad política. Por desgracia, las instituciones estatales se han ido deteriorando en los últimos 10 años. Y siempre he dicho que Nicaragua está en la crisis más profunda de su historia: han aumentado la violencia, los asesinatos, los secuestros, las desapariciones, y se han cerrado los espacios para la sociedad civil, violando los derechos a la libertad de expresión y de reunión, etc.
Esta crisis de violaciones a los derechos humanos también repercute en los territorios de los pueblos indígenas. Lamentablemente, no hemos podido avanzar en los casos a nivel interno, por falta de acceso a la justicia nacional. Porque las autoridades estatales nicaragüenses han venido utilizando el sistema de justicia penal para criminalizar a las comunidades indígenas, a las autoridades tradicionales y a nosotros, los defensores de derechos humanos, con acusaciones sin fundamento y evidencias fabricadas.
El Estado ha omitido su responsabilidad de proteger la vida y el territorio de la población indígena, mientras que todos los actos cometidos por los colonos siguen en la impunidad.
* Los afrodescendientes son personas con antecedentes migratorios africanos, que viven en la diáspora africana como consecuencia de la esclavitud en el doble continente americano.