Detener futuras crisis ambientales es uno de los mayores retos que encara el mundo actualmente. Para hacerlo, parece inevitable crear democracias y sociedades más comprometidas, ya desde la participación política, con el planeta.
La crisis ambiental que vivimos desde hace al menos medio siglo –y cuyo signo más urgente es el cambio climático– se ha convertido en uno de los temas centrales de nuestro tiempo. Y es sin duda el más trascendente a futuro, pues compromete la propia existencia de la vida humana. Esta trasformación no es la primera que hemos enfrentado en la historia humana, pero sí es la única que, con sus múltiples efectos, nos pone en riesgo como especie. Si no respetamos los límites biofísicos del planeta, cualquier anhelo de prosperidad futura será limitado.
Democracia como vehículo de sostenibilidad
¿Cuál podría ser la solución a esta crisis y el camino a una “sociedad sostenible”? Un medio propuesto es el de transformar la democracia formal: convertirla en un vehículo para la sostenibilidad. De este modo, el interés común generalizado permitiría al sistema político democrático-deliberativo generar decisiones para favorecer justo ese interés. De esta forma culminaría la distinción entre la democracia como proceso y la sostenibilidad como producto.Una sociedad con aspiraciones de sostenibilidad –que impulse una equidad ambiental intergeneracional y una relación saludable con el medio ambiente– debe basarse en un tipo de participación inclusiva, sinérgica y proactiva. En ese tipo de sociedad, todo los grupos sociales, las comunidades afectadas, los representantes políticos y la ciudadanía en conjunto pueden establecer un conjunto de ideas que permitan generar consensos para identificar y resolver los problemas socioambientales. Se trata de un proceso en que las personas son protagonistas de la resolución de los problemas, aportando su propia creatividad, puntos de vista, conocimientos y recursos, y compartiendo una responsabilidad en la toma de decisiones. Un modelo así parece imprescindible, dada la magnitud de los problemas ambientales presentes y, por ende, de los retos que enfrentan las sociedades contemporáneas.
A nadie en sus cabales se le ocurriría hoy que los problemas ambientales pueden ser resueltos sin la participación de la sociedad civil, que sólo el Estado o las corporaciones pueden ofrecer –o aparentar ofrecer– soluciones a las crisis ambientales. Y sin embargo, se sigue actuando de esa manera. Los resultados están a la vista: el incremento sostenido de los conflictos. De ello hay muchos ejemplos en Latinoamérica: movilizaciones sociales contra la “megaminería”, lucha por derechos de la naturaleza, disputas en torno al uso tradicional de la tierra, defensa de la biodiversidad y muchas otras situaciones donde la sociedad civil intenta, a través de luchas sociales, ganar el espacio de participación y decisión que las instituciones tradicionales le niegan.
Los procesos participativos son entonces una estrategia fundamental para la resolución de conflictos socioambientales, ya que otorgan mayor legitimidad a las decisiones públicas, al crear un sentido de responsabilidad compartida entre la ciudadanía y los diversos actores económicos y sociales. El vínculo entre la sostenibilidad y la democracia se hace evidente al comprobar que los problemas ambientales ya son, de hecho, políticos, y tienen causas e, idealmente, deberían tener soluciones políticas.
Ciencia, tecnología y sabidurías tradicionales
Democracia y medio ambiente deben ir de la mano. No se puede pensar en un ciudadano pleno en un ambiente degradado y al borde del colapso. Si aspiramos a contribuir a la creación de un ambiente nuevo, debemos transfomar las sociedades, de forma que sean ellas mismas la expresión más visible del medio ambiente. La idea de una “nueva democracia” incorpora la necesidad de la participación ciudadana en temas ambientales. E involucra, en el caso de Latinoamérica, la ciencia y la tecnología como instrumentos legítimos de progreso, pero sumados al respeto e incorporación de conocimientos tradicionales, como los saberes de los pueblos nativos.El objetivo sería crear una forma de “ciudadanía ambiental”. Eso significa inventar un nuevo paradigma del desarrollo, que ponga a los ciudadanos en el centro de los procesos de desarrollo; que considere el crecimiento económico como un proceso ecológicamente limitado, como un medio para alcanzar un mayor nivel de bienestar humano pero no como un fin en sí mismo; que proteja las oportunidades de vida de las generaciones actuales y futuras. Que, en esencia, respete la integridad de los ecosistemas sistemas naturales que permiten la existencia del planeta.
Se trata de un reto inmenso. Pues implica tareas muy exigentes: generar espacios e instituciones de expresión ciudadana, desarrollar la opinión pública y los actores sociales activos, organizar grupos que ejerciten el control comunitario de las políticas gubernamentales, promover el diálogo proactivo entre las redes de información y producción de conocimientos de los ciudadanos organizados, generar ámbitos públicos de negociación de las agendas ambientales... Sólo así se podría asegurar la implementación de políticas públicas que reflejen las demandas y propuestas de la sociedad civil, a la vez que se generen y formalicen mecanismos para la resolución de conflictos.
Un modelo de este tipo es, para Latinoamérica –y de hecho para la mayor parte del mundo – aún solo poco más que una esperanza. El desafío de esta “ciudadanía por la sustentabilidad” requiere acometer nuevas políticas públicas, para lo cual, sin embargo, no parece haber una voluntad clara en estos tiempos. Pero si la hubiese, se abriría el camino hacia más democracia, mayor participación, creciente equidad y la viabilidad de construir sociedades que se encaminen a la solución de los problemas ambientales, tal vez la cuestión más grave que afronta el género humano en este siglo.
abril 2019