Tras su reunificación en 1990, Alemania tenía por delante un esfuerzo sin precedentes para reconciliar a ambos Estados, sobre todo en el ámbito financiero. Las secuelas se resienten hasta nuestros días.
En 1990, la fiesta acababa de terminar. Los alemanes seguían festejando la reunificación del país tras cuarenta años de separación cuando ya se vislumbraba la poderosa tarea que traería consigo el crecimiento en conjunto de ambos Estados. En el lado oriental, la economía planificada se desplomó más rápido de lo esperado y cientos de miles de exciudadanos de la RDA quedaron repentinamente desempleados. Ahora, el acaudalado lado occidental quería y debía organizar la integración de su antigua economía estatal en una economía social de mercado y llevar inversiones y nuevos empleos a las regiones recién asimiladas.
Al inicio de la reunificación alemana, el dinero fluyó sobre todo hacia el Este: al programa coyuntural millonario "Recuperación del Este" le siguieron los "Pactos de Solidaridad I y II". | © Adobe/Picture Alliance
Muy pronto quedó claro que la parte occidental, incluso siendo comparativamente más rica que la oriental, no lo iba a lograr sin ingresos suplementarios. Aún en 1990, el canciller, Helmut Kohl, había prometido que no se requeriría un aumento en los impuestos para financiar la reunificación; sin embargo, apenas un año después renegó de su promesa. Tras 25 años, el balance muestra las dimensiones del asunto: según estimados, para 2015, la reunificación había costado hasta dos mil millones de euros.
La costosa reconstrucción del Este
Para reconstruir Alemania del Este, se les pidió a todas las ciudadanas y ciudadanos, pero también a las empresas y sociedades, que pasaran a la caja. Así, los empleados y empleadores tuvieron que abonar aportaciones más altas para el seguro médico, el seguro de desempleo y la jubilación. Con esas aportaciones más altas se financió la integración de los alrededor de quince millones de ciudadanos nuevos en el Estado social de Alemania del Oeste. Esas cajas no existían en la ex-RDA, pues las prestaciones sociales eran labor del Estado.
En mayo de 1991, el Bundestag promulgó una nueva fuente de financiamiento: el impuesto de solidaridad. Todos los contribuyentes, empresas incluidas, debían sumar una tasa complementaria a sus impuestos por ingresos o ganancias. En un principio, esta representaba el 7.5% de la carga fiscal. Así, quien debiera pagar diez mil marcos alemanes —la divisa anterior al euro— en impuestos, debía entregar otros 750 marcos a Hacienda. Así, la labor hercúlea al menos quedó dividida entre toda la población. Los alemanes orientales también estaban obligados a pagar el impuesto de solidaridad que serviría para reconstruir su región.
"¡La Recuperación ya llegó!": espectacular de la UDC en 1998 en Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern. Bajo el canciller de la UDC, Helmut Kohl, no sólo se promulgó el Soli, sino también programas coyunturales millonarios para Alemania Oriental. | © Adobe/Picture Alliance
Un año de solidaridad no bastó
En realidad, el Soli, como se conocía popularmente al impuesto de solidaridad, solo debía durar un año. De hecho, el complemento no se recaudó durante 1993 ni 1994. Sin embargo, los problemas de la economía oriental habían empeorado, en gran parte porque sus relaciones comerciales tradicionales con Europa del Este se quebraron, de modo que se volvió a imponer el Soli en 1995. Tres años después, se redujo al 5.5%, pero se mantuvo así un largo rato. Apenas a partir de 2019 se redujo su recaudación: ahora, sólo pagan el impuesto los contribuyentes de ingresos particularmente altos.
En un inicio, el Soli gozaba de un alto nivel de aceptación, lo que cambiaría con el tiempo. Esto se debió a que, durante los primeros años tras la reunificación, el dinero público fluyó sobre todo hacia Alemania Oriental. Ahí, debía rehabilitar una infraestructura carretera y ferroviaria en ruinas y atraer empresas con grandes subvenciones. Los ingresos esperados a partir de la privatización de la economía estatal fueron insuficientes, pues, tras la introducción del marco, las antiguas empresas públicas ya no eran competitivas, debido a sus instalaciones y productos anticuados. Por ello, el dinero del gasto doméstico salió de las cajas de los estados occidentales para redirigirlo hacia Alemania Oriental: ese programa, el Pacto de Solidaridad, pretendía igualar los estados ricos y los pobres.
Otras regiones salieron perdiendo con la reunificación
Ya desde los años noventa, esa redistribución al interior del país provocó descontento en las regiones estructuralmente débiles del oeste. Los ciudadanos y los políticos comunales sintieron que los habían abandonado con sus problemas. Mientras que los centros prósperos surgidos en Alemania Oriental alcanzaban un nivel de bienestar similar al de occidente, los estados de la cuenca del Ruhr cayeron en la pobreza.
Sin embargo, también se criticó el impuesto de solidaridad por razones de principio, pues nadie sabe muy bien para qué se usaron los alrededor de trescientos mil millones de euros. Como la legislación fiscal alemana no prevé contribuciones apartadas para un fin específico, todo lo recaudado llegó a las arcas de la federación. La federación sí invirtió grandes sumas en su mitad oriental. Sin embargo, a partir de la década de 2010, algunos cálculos llegaron a la conclusión de que la recaudación del Soli superaba con creces los gastos hechos para reconstruir el Este.
Además, tal impuesto debía limitarse, en principio, al periodo de necesidad financiera extraordinaria. Cada vez surgían más quejas que ponían en duda si ese periodo extraordinario aún seguía en pie. Sin embargo, el Tribunal Federal de Hacienda ha sostenido su legalidad. Aunque el Soli ahora sólo lo paguen una parte de los contribuyentes y las empresas, sigue brindándole miles de millones de euros al año al Estado, mientras que el debate sobre su término sigue vigente. A finales de 2024 se trató por primera vez el tema ante el Tribunal Federal de Constitucionalidad, pero no será sino hasta el 26 de marzo que el Tribunal Constitucional Federal de Karlsruhe dictará su esperada sentencia sobre el impuesto de solidaridad.