¡Demasiadas cárceles!  ¡Todos adentro!

Hands reaching through Prison cell bars
La privatización de las prisiones y las grandes empresas © Colorbox / Bildbearbeitung Goethe-Institut Los Angeles

Personal insuficiente, demasiada violencia y cuotas por el papel higiénico: La privatización de las prisiones en Estados Unidos vuelve a los presos en un gran negocio.

Wilkes-Barre es un pequeño pueblo aletargado sobre el río Susquehanna, en Pennsylvania. El área solía prosperar gracias a las minas de carbón, pero hoy en día no sucede mucho ahí. Sin embargo, en la década del 2000, la ciudad llegó a los titulares — por tener uno de los índices más altos de adolescentes cumpliendo condenas de menores. Al principio, no estaba claro qué había causado esto, pero en 2008, fue evidente: Todo lo que había que hacer era seguir el dinero para entender que no se trataba tanto de un deterioro de la juventud, sino de una invencible ley de la economía de libre mercado. Todo se redujo a montón de dinero — concretamente 2.6 millones de dólares — que dos jueces recibieron para asignar el mayor número de jóvenes posible a un operador de prisiones privadas con el generoso nombre de PA Child Care. Y así, después de tres o cuatro minutos de audiencias judiciales por delitos menores, estos adolescentes terminaron en un centro de detención de menores. Cada uno de ellos era un negocio para el operador, financiado con dinero de los contribuyentes.

Niños a cambio de dinero

Este escándalo judicial recibió más tarde el acertado nombre de: Niños a cambio de dinero (Kids for Cash). El caso muestra lo que puede ocurrir cuando el encarcelamiento se convierte en una industria multimillonaria. Cuando la gente gana dinero metiendo entre rejas al mayor número posible de personas, se vuelven ingeniosos y codiciosos sin tener en cuenta las consecuencias. El capitalismo devuelve la mordida. Y en ciudades como Wilkes-Barre, devora a los niños.

En Estados Unidos, las prisiones son un gran negocio. Según cifras del Departamento de Justicia de Estados Unidos de 2020, casi 100 000 personas fueron encarceladas en prisiones gestionadas por empresas privadas. Por este servicio se cobra una tarifa negociada: Normalmente, el Estado o los municipios pagan por día y por recluso. Cuantos más encarcelados, mejor. En Oklahoma, por ejemplo, se factura al Estado una media de 45.77 dólares por persona y día. Para una prisión como la Correccional de Lawton, con casi 2700 reclusos, eso supone más de 45 millones de dólares al año.

De la costa este a la costa oeste de Estados Unidos hay miles de proveedores especializados que se benefician de la criminalización y el encarcelamiento masivos y racistas. Los dos mayores actores cotizan en la Bolsa de Nueva York: CoreCivic y GEO Group. Se trata de megacorporaciones internacionales, pero la mayor parte de sus ingresos proceden de Estados Unidos. Tan sólo Corecivic declaró unos ingresos de 1900 millones de dólares en 2020, el 82% de los cuales procedía de la explotación de prisiones privadas.

Hay prisiones privadas en 26 de los 50 estados

La mayoría de ellas en los llamados Cinturones Bíblico y del Sol en el sur. Allí, las cosas pueden desviarse a veces hacia una ideología especialmente conservadora y retrógrada. Poco más del 8% de todos los reclusos de Estados Unidos están alojados en centros privados. A primera vista no parece mucho. Y el encarcelamiento privado también existe en otros países. La gran diferencia es el número de reclusos: Casi dos millones de personas están encarceladas en prisiones federales, estatales y de distrito, correccionales de menores, centros de detención de inmigrantes, instituciones psiquiátricas cerradas y prisiones militares. Eso supone casi una quinta parte de todos los presos del mundo.

Mantener a tanta gente cuesta dinero. Mucho dinero. Según datos de la Oficina de Estadísticas de Justicia, cuesta casi 81 000 millones de dólares al año. Ahí es donde entran los proveedores privados. El supuesto argumento es que estos proveedores trabajan con eficiencia empresarial y, por tanto, son más rentables que el sector público.

Sin embargo, organizaciones de derechos civiles, activistas y periodistas llevan décadas señalando que esto es problemático por muchas razones. Los escándalos siguen demostrando lo quebrado e inhumano que es este sistema de maximización de beneficios. La periodista Mia Armstrong-López lleva años investigando cuestiones relacionadas con la justicia penal estadounidense. Dice que el problema no es sólo deshacerse de las prisiones privadas. Los proveedores de servicios privados también ganan dinero con el encarcelamiento público. "Es habitual que las prisiones públicas decidan subcontratar muchos servicios a empresas privadas, como la atención sanitaria, la alimentación, el transporte, las finanzas y la comunicación. Y las empresas privadas también ganan mucho dinero con los programas de reinserción y la vigilancia electrónica. El papel del sector privado es algo más complicado de lo que parece a primera vista. Las empresas privadas están muy implicadas en la vida de las personas encarceladas en todo Estados Unidos", afirma Armstrong-López

La Guerra contra las drogas no es una guerra — ¡es un negocio!

Jerry Brown / Exgobernador de California

Todo empezó en la década de 1980, cuando el entonces presidente de Estados Unidos Ronald Reagan declaró la Guerra contra las drogas, y el número de encarcelamientos se disparó tan rápidamente que el Estado no pudo seguir el ritmo. El incesante flujo de presos amenazaba con quebrar el sistema. Afortunadamente, unos cuantos empresarios avispados se hicieron cargo del problema. Como dijo una vez el político Jerry Brown, la Guerra contra las drogas no es una guerra — ¡es un negocio!

La primera prisión privada fue inaugurada en 1984 por CoreCivic (antes CCA - Corrections Corporation of America) en Tennessee. Fue el nacimiento de la moderna industria penitenciaria con ánimo de lucro. El negocio era tan bueno que, hasta hace pocos años, todos los grandes bancos estadounidenses -desde Wells Fargo a JPMorgan Chase-, así como conglomerados -como General Electric y Amazon-, participaban con inversiones significativas. Sin embargo, esto está cambiando. En los últimos tres años, muchas empresas han anunciado su salida, posiblemente por miedo a una mala imagen.

En los últimos años, ha quedado cada vez más claro qué es lo que fallas en las prisiones privadas

Como ahorran dinero en todo momento, a menudo las condiciones son miserables y difíciles de verificar. Las empresas casi no dejan entrar a nadie en sus prisiones y no facilitan información. Ninguna de las cinco instalaciones contactadas para este artículo respondió a las preguntas. Nada sobre la vida en prisión debe filtrarse. Ahorrar dinero no sólo se aplica a los presos, sino también al personal: No hay suficientes, los sueldos son bajos y la formación suele ser insuficiente.

Shane Bauer ganaba nueve dólares la hora cuando fichó por una prisión de CoreCivic en 2014. Turnos de doce horas, sin días pagados por enfermedad. Como reportero encubierto, filmó en secreto y más tarde escribió sobre lo que experimentó como guardia en el Centro Correccional Winn en Winnfield, Luisiana, durante cuatro meses. Normas de seguridad clandestinas, presos completamente destrozados, agresiones sexuales y apuñalamientos. El personal recibió instrucciones de no intervenir nunca en casos de violencia entre presos. 176 reclusos están bajo la supervisión de un solo guardia. A un preso tuvieron que amputarle las piernas y los dedos debido a una gangrena no tratada porque la administración penitenciaria se negó a llevarlo a tiempo a un hospital. Cada ingreso cuesta dinero a la empresa, razón por la cual las prisiones privadas rara vez aceptan a presos con enfermedades preexistentes. En su lugar, suelen ir a cárceles públicas. Además, las instituciones cobran a los reclusos por el papel higiénico y la pasta de dientes, que el Estado proporciona gratuitamente al operador privado.

Una nueva oportunidad de negocio

Un informe oficial de 2016 del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó las conclusiones de las investigaciones encubiertas. El veredicto: Las cárceles privadas son menos seguras, más peligrosas para los reclusos y más represivas en su atención. Y, poco a poco, va quedando claro que no son tan baratas como se pensaba en un principio. Esto se debe a la falsificación de la facturación y al hecho de que los reclusos cumplen condenas más largas en las prisiones privadas que en los centros públicos, por término medio. Ese mismo año, el presidente Barack Obama impuso un freno a las prórrogas de contratos con operadores privados, pero esto no afectó a los contratos en los distintos estados. Durante el mandato de Trump, los proveedores privados descubrieron un nuevo negocio: El número de centros de detención establecidos por las autoridades de inmigración de Estados Unidos para inmigrantes indocumentados se disparó de repente, dice Isra Chaker, que trabaja para la Unión Americana de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union - ACLU). Bajo el mandato de Trump, muchos millones de dólares de los contribuyentes fueron a parar a estas instalaciones, que en un 80% son de propiedad privada. Aunque la cifra se redujo a la mitad con Biden, 25 000 personas seguían en estos campos en 2021.

"Muchos de estos lugares tienen registros bien establecidos de condiciones horribles", dice Isra Chaker. "Por ello, varios estados, como Nueva Jersey e Illinois, ya han aprobado leyes que prohíben la detención de inmigrantes". No obstante, GEO Group y CoreCivic han seguido obteniendo más de una cuarta parte de sus ingresos de estas prácticas en los últimos años. La situación en California ilustra la complejidad de la lucha en torno a las prisiones privadas. El estado quería abolir las prisiones privadas y aprobó la ley correspondiente en 2019. GEO Group demandó a los legisladores, en parte porque la empresa acababa de firmar un contrato de 15 años con la administración de Trump para varios campos de inmigración en California, un asunto que compete al gobierno federal, no al estado. La disputa legal sigue en curso. La última actualización: En septiembre de 2022, un tribunal federal de apelaciones se puso temporalmente del lado de la demanda. Las prisiones estatales privadas están vacías, pero los campos de inmigrantes permanecen por el momento.

Los actores privados ya han empezado a excavar en otros lugares: La prohibición californiana tiene generosas exenciones para los llamados programas de corrección comunitaria: centros de asesoramiento, centros de rehabilitación e instalaciones psiquiátricas para expresos. Es un negocio de 200 millones de dólares al año.

Este artículo apareció por primera vez en DUMMY Magazin, nº 77 del invierno de 2022. El tema de este número fue la privatización. ¡Gracias a DUMMY Magazin por aprobar amablemente la republicación

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