Transparencia y competitividad
¿Puede ser democrático un Estado opaco?

Cuando el tema es el Estado, la opacidad no es únicamente de naturaleza concreta, sino que también puede revelarse a través de normas complejas, lenguajes rebuscados u organigramas complejos. ¿Habrá empero una dosis de opacidad que resulta necesaria en nombre de la protección y la ventaja competitiva del Estado con relación a otras organizaciones?

De Wesley Matheus

La transparencia constituye un principio tenido como intrínseco en los Estados democráticos, en la medida en que suele revelarse como una de las condiciones necesarias para la comprensión y la fiscalización de los actos de los agentes públicos que operan la maquinaria estatal. Un Estado ejerce la transparencia al planificar y ejecutar entre otras cosas un conjunto de prácticas iteradas y ágiles de apertura y difusión de datos y de métodos referentes a su actuación, y al uso de recursos por parte de los agentes y las agencias de dicho Estado.

Las prácticas de transparencia, junto a los mecanismos internos y externos de control, monitoreo y evaluación, pueden eventualmente incrementar la eficiencia, la efectividad y la eficacia en la ejecución de políticas públicas con base en una mayor responsabilidad de los agentes públicos en su actuación: (i) en conformidad con el encuadre legal que los rige; (ii) con relación a los impactos sociales, políticos, ambientales y económicos que generan en el mundo. La transparencia puede abordarse también como una condición necesaria para la crítica, la revisión y las sugerencias técnicas de la sociedad civil referentes a las políticas planificadas y/o ejecutadas por el Estado, una dinámica crucial para el perfeccionamiento y la garantía de expresión del interés público en las mismas.

En vista de esta importante función que la transparencia puede cumplir en la estructuración y en la consolidación de las democracias, resuenan algunas preguntas en contextos circunscritos a los Estados opacos que se declaran democráticos. ¿Sería posible coadunar Estados opacos o poco transparentes y los ideales de la democracia? En caso de que esto sea improbable o inviable, ¿qué debe dejar de ser opaco para que a democracia sea posible en tales contextos?

Barreras materiales y simbólicas

A los objetos y a los fenómenos que impiden la visualización del contenido del Estado, ya sea por volverlo impenetrable o turbio, empañado o confuso ante los ojos de quienes se interesan en observarlo, se les da aquí el nombre de barreras. A menudo dichas barreras se revelan en forma concreta: puede notárselas en paredes, puertas (giratorias o no), molinetes, centinelas y personal de seguridad, escalinatas, paneles de información, vidrios espejados, colas y números para atención, pasillos excesivos, dominios de sitios extensos, tokens, cámaras, etc. Podríamos listar también proyectos urbanísticos que crean verdaderas islas de burocracia, o ciudades de burócratas, distanciadas de cualquier tipo de mirada que la sociedad civil sería quizá capaz de ejercer. Un abanico de opciones estéticas que integran el diseño y la arquitectura de los Estados opacos.

Así y todo, cuando el tema es el Estado, la opacidad y la transparencia no constituyen una propiedad exclusiva de una naturaleza concreta y material evidente. La opacidad puede revelarse también a partir de un conjunto de normas y expedientes voluminosos y complejos que impiden la captura de la dinámica que atraviesa la práctica estatal por parte de quienes que se encuentran fuera o incluso dentro de él. Sumado a esto, la opacidad puede también revelarse en un lenguaje rebuscado y denso, que de mínima dificulta la comprensión de los fenómenos en los cuales las palabras ejercen su anclaje, o en un amontonado de siglas yuxtapuestas que se configuran como un verdadero enigma contemporáneo.

Al propio tamaño del Estado −junto a sus complejos organigramas− puede considerárselo como una faceta de la opacidad que dificulta la comprensión de quienes están allí y lo que sucede efectivamente allí dentro. Custodias, costos financieros de acceso, atrasos y por qué no mencionar también al miedo como fenómeno que nubla la vista curiosa y paraliza los cuerpos interesados en internarse en el “desconocido” Estado. Estas barreras dificultan o suprimen la posibilidad de que los agentes exteriores perciban y puedan efectuar un seguimiento de la trayectoria del personal público y de los servicios y organismos.

Justificaciones y riesgos

Pero en un tiempo enmarcado en los valores democráticos y la consiguiente demanda de transparencia, ¿de qué manera los Estados son capaces de justificar y resistir ante la presión para eliminar tales barreras? Los agentes estatales suelen plantear tres justificaciones para el mantenimiento de las mismas: la seguridad y la protección de una parte de los temas tenidos como estratégicos para la nación ante las amenazas exteriores, asuntos de Seguridad Nacional, el mantenimiento del control y el orden basado en la no divulgación de información que podría comprometer la tranquilidad social o hacer proliferar los índices de ansiedad y de miedo en el seno de la sociedad, y la ventaja competitiva frente a otros agentes que puedan operar en los mercados donde el Estado actúa.

Con todo, estas justificaciones traen aparejados algunos riesgos: la desconfianza, como consecuencia de una incomprensión por parte de agentes exteriores (nacionales e internacionales) acerca de lo que efectivamente sucede dentro del Estado, la desigualdad económica, en función de la asimetría informacional existente entre los burócratas y la sociedad civil, burócratas que poseen acceso a la información estratégica que puede utilizarse en beneficio propio, la corrupción, en función de la menor posibilidad de responsabilizar a los agentes públicos, la ineficiencia, producto de una menor capacidad de comprensión del desempeño del Estado, con la consiguiente presión y sugerencia de mejoras, y las tiranías, fruto de una dificultad de la sociedad civil para percibir y anticiparse a una tentativa de implementación de las mismas.

¿La opacidad es intrínseca a la vida en sociedad?

Pese a que resulta incuestionable para la salud y la robustez de las democracias, la transparencia es portadora de una curiosa propiedad que la acerca a la opacidad: su manifestación absoluta a través de todas las tramas del Estado puede provocar la invisibilidad o la supresión de estructuras que de mínima deberían verse y notarse, y que pueden estar efectivamente asociadas a alguna dimensión de protección, armonía social y/o ventaja competitiva del Estado con relación a otras organizaciones. Con todo, la expresión exacerbada de las opacidades por parte del Estado en todas sus tramas amenaza, cuando no inviabiliza completamente la manifestación y el sostenimiento de la democracia.

El ejercicio quizá consista entonces en comprender cuáles son las “barreras” que han venido empañando y/o distanciando mayormente la mirada de los agentes exteriores hacia el interior del Estado, para entender que, en alguna medida, una dosis de opacidad es intrínseca a la naturaleza no solamente del Estado, sino también de la vida en sociedad. La misma transparencia que permite ver algo, cuando se la especifica mal, vuelve invisible aquello que debería percibirse.