La tragedia de los bienes comunes   El autogobierno como respuesta al dilema

¿Cómo pueden las sociedades resolver el dilema, aparentemente inevitable, de la sobreexplotación de los recursos naturales? El trabajo de Elinor Ostrom, ganadora del Premio Nobel, demuestra que esto se puede lograr muy bien sin regulaciones estatales o privatización, sino simplemente a través de la autogestión de grupos locales.

El debate sobre la "tragedia de los comunes" ha acompañado a las ciencias sociales durante décadas. Formulado originalmente por Garret Hardin, este concepto describe el fenómeno según el cual los recursos de acceso libre y uso comunitario –ya sean pastizales o caladeros– suelen terminar en una carrera hacia la sobreexplotación. Cada actor individual tiene el incentivo de utilizar el recurso natural de la manera más intensiva posible, ya que, si no lo hace, los demás se beneficiarán de su posible utilidad. La consecuencia de esta lógica es su inevitable sobreexplotación. Para limitar su uso, Hardin propuso, por un lado, la asignación de derechos de uso privados o, por otro, la nacionalización del recurso.

Autogestión local — la fuerza de las pequeñas sociedades

El trabajo de Ostrom apunta a una tercera vía para salir del supuesto dilema. En su obra Governing the Commons, la autora demuestra, con la ayuda de varios ejemplos, que las sociedades pueden administrar sus recursos de forma sostenible mediante la autogestión.

Un caso de éxito en el campo del aprovechamiento del agua es el sistema de irrigación en Huerta, España. Desde años, aquí existe el Tribunal de las Aguas, un juzgado independiente, conformado por los campesinos locales, que decide sobre el uso y la distribución del agua. El sistema funciona bajo el principio de reglas colectivas y transparencia: los conflictos sobre los derechos del agua se solucionan de forma pública y eficiente, sin burocracia estatal. Gracias a la naturaleza colaborativa de esta institución, es posible desarrollar prácticas sostenibles que eviten la sobreexplotación y aseguren el abastecimiento de agua para todas las personas.
  El ejemplo de España resalta importantes factores para una autogestión exitosa: un recurso claramente definible se administra de forma sostenible mediante un sistema de normas —históricamente desarrollado— sobre los derechos de aprovechamiento al interior de una pequeña comunidad. Ostrom señala que estas comunidades poseen una característica importante: confianza. En las pequeñas comunidades, es más fácil construir una confianza mutua que en las grandes. Ya la posibilidad de comunicarse directamente es sumamente valiosa. La reciprocidad es más probable porque todos pueden confiar en que los demás seguirán las reglas y nadie se enriquecerá a costa de los demás.

Los límites de la teoría de Ostrom — intereses económicos versus el bien común

Si bien la teoría de Ostrom puede explicar el accionar en grupos pequeños, esta alcanza sus límites cuando los intereses a corto plazo entran en juego. Los campesinos de España respetan las reglas de extracción del agua porque les interesa administrar sus plantíos a largo plazo. Pero si los derechos de explotación se vendieran a empresas o cayeran en el terreno de la especulación financiera, entonces los esfuerzos de lucrar a corto plazo pasarían a primer plano. Además, estos actores operan fuera de las comunidades locales y eluden los mecanismos sociales de control y reciprocidad.

La privatización de los recursos hídricos en Chile es un ejemplo de concesión de derechos de agua en el que se socavó la autonomía local. Desde la década de 1980, los derechos de agua fueron incorporados como bienes comerciales que normalmente se conceden a grandes empresas agrícolas o mineras. El caso de la región de Petorca, en la zona central de Chile, es especialmente destacado. Mientras los grandes plantíos de aguacate exportan a escala internacional al tiempo que consumen enormes cantidades de agua, las comunidades locales padecen la escasez de agua y tienen que recurrir a pipas.
  Con la teoría de Ostrom se puede entender bien por qué es tan difícil resolver los problemas globales en materia de recursos, como la crisis climática. Simplemente, ninguno de los factores para lograr una actitud orientada al bien común está presente en estos casos. El número de afectados es considerablemente grande, así como la diversidad de sus normas y valores. La comunicación directa y la construcción de relaciones de confianza son tan difíciles de lograr como las sanciones a los países que no cumplen con los objetivos climáticos.

Autogestión como parte de la solución

Los ejemplos mencionados demuestran que, en muchos casos, la pura autogestión local no puede ser la solución, mucho menos para los problemas globales. El desafío yace en integrar las fuerzas de la autogestión regional en estructuras políticas y económicas superiores, como en acuerdos climáticos internacionales.

Los actores estatales deben implementar marcos legales para permitir el éxito de la autogestión local, ya sea mediante la concesión (o la devolución) de los derechos de aprovechamiento o a través de medidas específicas encaminadas a la construcción de estas comunidades. Esto requiere que los actores políticos comprendan que no se debe sacrificar el bien común por el beneficio económico a corto plazo.