Latinoamérica
Violencia contra personas LGBT

En el diverso territorio latinoamericano existe una gran cantidad de ejemplos de cómo aún en el siglo XXI se ejerce violencia contra las personas gais, lesbianas, bisexuales, trans y aquellas que no se ajustan a los modelos tradicionales de mujer u hombre heterosexuales.

Organizaciones como la Asociación internacional de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex para América latina y el Caribe (ILGA-LAC) y organismos internacionales como las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertan periódicamente sobre cómo las personas LGBT siguen siendo objeto de violencia sistemática por parte de grupos al margen de la ley, autoridades estatales e individuos o grupos sociales cuyos principios van en contra de la diversidad sexual y de género.

Los principales motivos por los cuales se ejerce violencia contra las personas que se identifican o son percibidas como LGBT están relacionados con la necesidad de controlar socialmente la forma como las personas viven su sexualidad y construyen su identidad, según parámetros establecidos por tradiciones y, en muchos casos, regidos por el machismo y la influencia de algunas religiones.

LGBT como un factor de riesgo

En muchos casos es difícil determinar cuál es el motivo exacto para que una persona gay, lesbiana, bisexual o trans aparezca asesinada, violada o con señales de tortura, pues tanto medios de comunicación como las autoridades estatales competentes consideran que la orientación sexual o la identidad de género de la víctima son factores aleatorios. Sin embargo, lo que se conoce como “crimen de odio” y, para ser más específicos, como “crimen por prejuicio”, ha logrado demostrar que en muchos casos el nivel de sevicia, crueldad y repetición en el tipo de crímenes está directamente relacionado con que las víctimas sean percibidas o se identifiquen como LGBT.

Según la CIDH, entre 2013 y 2014 se registraron al menos 770 casos de violencia contra personas LGBT en Latinoamérica. 594 de estos casos fueron asesinatos. Tristemente, estas cifras podrían ser bastante más altas si las personas LGBT contaran con mecanismos de denuncia efectivos y que garantizaran la protección de su identidad. Así, la cifra mencionada revela dos facetas del problema: por un lado, evidencia que la violencia contra personas LGBT existe y es sistemática y permanente; por otro, muestra que los canales de denuncia son insuficientes y que muchas personas prefieren callar antes de exponerse ante las autoridades, por temor a sufrir una nueva victimización debido al señalamiento y al escarnio público.

Hipocresía social, indiferencia oficial

En ningún país hispanohablante latinoamericano están tipificadas como crímenes las relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo. Sin embargo, en Belice, Guayana y en ocho islas del Caribe, incluyendo a Jamaica y a Trinidad y Tobago, la homosexualidad es vista como una práctica inmoral o indecente que puede conducir a condenas de entre 1 y 10 años de cárcel. A pesar de que es un avance que cada vez más países eliminen de sus códigos penales las relaciones entre personas del mismo sexo, en muchos casos las leyes no reflejan las prácticas sociales y los cambios culturales. Por esta razón, aún se condena socialmente en la mayoría de países latinoamericanos el hecho de que las personas se identifiquen como LGBT y se avala o se silencia la discriminación y la violencia contra esta población por ser percibida como un “mal menor” entre la avalancha de problemas sociales que existen.

Diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han llamado la atención ante la creciente crueldad con la que se ejerce violencia contra las personas LGBT. Los hechos van desde hostigamiento y violencia callejera, hasta empalamiento, desmembramiento, tortura, lapidación o apuñalamiento y golpes con objetos contundentes como machetes o martillos. En el caso de mujeres lesbianas y bisexuales, la práctica de las “violaciones correctivas” es bastante difundida y se remite a la idea de que estas orientaciones “defectuosas” existen porque a estas mujeres les hace falta tener relaciones sexuales con hombres “de verdad”.

Dos ejemplos representativos. En 2012, una mujer lesbiana afrodescendiente empezó a recibir la atención de un líder paramilitar en la región de Antioquia (Colombia). Ella lo rechazó y en consecuencia, la mujer fue abusada sexualmente en dos ocasiones por el líder y un grupo de acompañantes por razón de su orientación sexual, además de ser perseguida y hostigada al intentar instaurar una denuncia formal. Otro caso emblemático es la muerte de Daniel Zamudio, un joven chileno que fue asesinado en 2012 a la salida de un bar en un parque de Santiago, la capital del país. Cuatro jóvenes lo atacaron y torturaron durante horas con un alto grado de sevicia debido a su orientación sexual, dejándole marcas de esvásticas en la piel, piernas quebradas y quemaduras. Zamudio falleció posteriormente en el hospital.

Avances paulatinos

La violencia contra las personas LGBT es producto de un complejo entramado de prácticas y creencias que avalan la discriminación y convierten a este sector de la población en blanco de ataques desde la primera infancia hasta la vejez. Sin duda quienes sufren mayor tipos de violencia son aquellas personas que, además de identificarse como LGBT, están en situación de vulnerabilidad por otros factores como la pobreza, la procedencia étnica, la falta de acceso a la educación o la discapacidad.

Países como Argentina, Uruguay, Brasil y Colombia se han destacado por sus importantes avances en materia de leyes que reduzcan la discriminación y la violencia contra las personas LGBT, como la ley de identidad de género en Argentina o el “Decreto Trans” en Colombia. La tarea pendiente es lograr que estas legislaciones vayan de la mano con transformaciones sociales que permitan más apertura hacia la diversidad y menos prácticas que promuevan la idea de que las personas LGBT son desviadas, inmorales y una amenaza para el orden establecido.