Arquitectura social
Comunitaria, económica y sólida

En qué consiste la arquitectura comprometida socialmente y por qué desempeñan en ello un papel importante los lavaderos y los proyectos de autoconstrucción son cuestiones que nos explica Christoph Schmidt, del grupo de arquitectos berlineses ifau [siglas alemanas de Instituto de urbanismo aplicado]. Desde 1998, el ifau, actuando en el marco de distintas combinaciones interdisciplinares, trabaja en proyectos urbanísticos y arquitectónicos.

¿Qué entiende usted por arquitectura social, Sr. Schmidt?

La arquitectura social trata de diseñar espacios privados y públicos con el fin de hacer posibles formas de convivencia urbana variadas. En concreto, se trata ante todo de tres cuestiones: una es la de la vivienda asequible. Construir viviendas pensando en el bien común y planificar el urbanismo sobre una base política son prácticas que contribuyen a impedir el desplazamiento social y la marginación.

En segundo lugar, tienen también un papel decisivo el tomar parte y apropiarse lo construido. Esto significa que no puede hacerse una planificación “desde arriba”, sino que hay que tener presentes también desde un principio los deseos y necesidades de los usuarios y de la gente implicada del lugar. Aquí va incluido organizar espacios para la interacción y la comunicación. En un barrio se trataría, por ejemplo, de centros juveniles y familiares, bibliotecas de distrito, también jardines: lugares en los que se pueda estar sin obligación de consumir nada. En una casa de viviendas en alquiler, podría ser un lavadero comunitario al que sea agradable ir. En vez de desaprovechar unos metros cuadrados en todas las viviendas para que tengan su lavadora, este suministro básico podría tener una organización comunitaria. Si le añadimos entonces una cafetera exprés, tendríamos buenas condiciones previas para lograr un espacio comunitario que podría usarse cotidianamente.

Entre los cometidos de los arquitectos, en tercer lugar, se encuentra también estar a la altura de lo que exige una sociedad muy heterogénea. Habría, por tanto, que hacer posibles adaptaciones espaciales, tal como las exige, por ejemplo, la transformación demográfica. Para ello no hace falta siempre construir edificios nuevos. Hay muchas personas mayores viviendo sin pareja en viviendas que en realidad son demasiado grandes y que están dispuestas a mudarse a otra más pequeña. La única condición es que esté situada en el entorno vital al que están acostumbradas. Para eso tiene que haber ofertas; es imprescindible organizarlo.
Una cosa está clara: para poner todo esto en práctica hace falta fijar objetivos con carácter vinculante, una labor de mediación competente y el compromiso de todos los implicados: planificadores, municipios, desarrolladores, inversores y la opinión pública local.

¿Qué ejemplos logrados conoce usted de arquitectura comprometida socialmente?

Un buen ejemplo sería el proyecto Grundbau und Siedler [cimientos y gente asentada], que se terminó en 2012 en Hamburgo-Wilhelmsburg. El principio que siguió aquí el grupo de Colonia BeL-Architekten era crear espacio habitable económico mediante la autogestión del proceso de construcción. Se puso a disposición de los vecinos una estructura de hormigón armado ya habilitada que luego ellos irían completando paso a paso por sí mismos, que podían diseñar las plantas con flexibilidad conforme a sus deseos.

Otro proyecto que aúna calidad y espacio habitable asequible es Spreefeld, en Berlín, y nada menos que en la codiciada ribera del Spree. En las tres casas de 44 viviendas que ha levantado la cooperativa de construcción y vivienda Spreefeld tienen mucha importancia los espacios comunitarios. Al mismo tiempo, la forma en que está organizada la cooperativa constituye un buen modelo para asegurar a largo plazo este proyecto socialmente comprometido.
 

Que reformar puede tener muchas veces más sentido que construir de nueva planta en virtud de razones sociales y ecológicas se demuestra en el ejemplo de la Tour Bois le Prêtre, en París. Era un edificio de viviendas en altura construido en la década de 1960 en el que vivían sobre todo familias con poco dinero; estaba previsto tirarlo hasta que los arquitectos Druot und Lacaton&Vassal consiguieron sacar adelante su idea. Ampliaron así las viviendas con una zona de invernadero construida con módulos prefabricados que se aplicaron en las fachadas desde fuera: una revalorización del edificio que, al mismo tiempo, ahorra y almacena energía.

Vivir juntos y con buenos costes. Tal es la aspiración del proyecto de la cooperativa de construcción R50 en el distrito berlinés de Kreuzberg. Ustedes, el estudio ifau und Jesko Fezer, planearon junto con el estudio Heide & von Beckerath Architekten este edificio que se terminó en 2013. ¿Cómo fue para usted la experiencia?

Es una casa con seis plantas y 19 viviendas que llevamos a cabo paso a paso en repetidas mesas de decisión con todos los vecinos. Una estructura básica de hormigón armado reducida a lo imprescindible, sólida y simple, con las infraestructuras en parte vistas, una fachada de madera construida por módulos, y “galerías” alrededor de la planta entera –en vez de terrazas–, todo ello posibilita flexibilidad en los planos de planta. El espacio comunitario de dos plantas y la azotea con cocina al aire libre dan al edificio un valor añadido que fue una decisión consciente de la comunidad de vecinos y que ellos financian y organizan en común. El espacio comunitario sirve para encontrarse regularmente, celebrar fiestas, y también está disponible para ayudar a hacer los deberes a niños del vecindario.

¿Qué cambios debería haber en las líneas políticas fundamentales para promover la arquitectura social? 

La implicación y la participación, unos espacios sólidamente construidos y de uso flexible, los enfoques experimentales para construir edificaciones económicas y, sin embargo, valiosas, las formas jurídicas de propiedad y financiación tales como cooperativas y la enfiteusis hereditaria, son todas ellas prácticas con efectos positivos en el equilibrio social de las ciudades. En esa opinión coinciden desde hace ya tiempo planificadores urbanos, arquitectos y teóricos del urbanismo –y cada vez más y más también políticos municipales–.
Lo que falta es llevar estos principios a la práctica de los municipios y las constructoras de viviendas.

Un paso concreto en esa dirección podría ser recurrir en mucha mayor medida a herramientas como el desarrollo cooperativo de infraestructuras urbanas y los convenios de desarrollo urbano. De este modo, a la hora de adjudicar proyectos de nueva construcción los municipios tendrían que fijar una proporción de hasta el 50 por ciento para viviendas con precio de alquiler tasado y vinculado a la presencia real del inquilino. La idea es que los municipios hagan que las iniciativas locales relativas al proceso de planificación y desarrollo y los inversores participen en los gastos de infraestructura social.