Colombia: Diálogos de paz y retos de la izquierda
¿A qué retos se enfrentarán los movimientos políticos de izquierda después de la esperada firma de la paz en Colombia?
“Una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. De vivir, no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. […] Solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz”, Estanislao Zuleta, Sobre la guerra
La reciente experiencia de los considerados “gobiernos progresistas” de América Latina ha mostrado, una vez más, que aún no se han podido consolidar las estructuras e instrumentos políticos necesarios para participar en el ejercicio del poder por parte de la izquierda, la cual aspira a representar los intereses populares. Me refiero a aquellas estructuras que permitan generar un proyecto que enfrente –con posibilidades de éxito y continuidad democrática– la hegemonía de los bloques de poder tradicionalmente dominantes en la región. Ello se refiere tanto a la organización política, como a los movimientos sociales.
Es necesario definir el horizonte hacia el que deben avanzar los procesos de rebeldía popular y concertar un programa común capaz de movilizar a los pueblos latinoamericanos como uno solo contra la hegemonía del capital transnacional y sus aliados regionales. Esto –visto desde la izquierda– implicar pasar la construcción de organizaciones políticas y sociales que se alejen del modelo neoliberal, construyan formas de democracia directa y se constituyan en un poder real.
Cualquier proyecto alternativo en Latinoamérica debe fundamentarse en el ejercicio de la solidaridad popular, la coordinación de las luchas y la fijación de objetivos comunes. Si –como algunos creen– los Estados nacionales se han convertido en construcciones políticas obsoletas, las luchas populares también se deben volver globales. La izquierda política y los movimientos populares deberían entonces dar el ejemplo de ir más allá de los nacionalismos y sus limitaciones.
En este marco de referencia se desarrollan en Colombia las negociaciones entre el Gobierno y la organización insurgente FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo). Lo que se negocia en La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz que comenzaron en 2012, es la solución de la manifestación armada del conflicto social y político que azota al país. Las raíces profundas de ese conflicto se encuentran en la inequidad y la discriminación social de amplios sectores de la población; en la violencia promovida por parte de los sectores dominantes y las mafias del narcotráfico en su afán de acaparar la propiedad sobre la tierra rural y urbana; en políticas excluyentes y corruptas, que recortan y limitan la democracia representativa, los derechos básicos de la población y viola los derechos humanos en medio de la impunidad.
En su última etapa, el conflicto armado dura ya algo más de 50 años y ha dejado una larga estela de víctimas fatales que se cuentan por cientos de miles, de millones de desplazados, desaparecidos, secuestrados, mujeres y niños abandonados… En tan larga confrontación armada, surgida en el contexto de la Guerra Fría, fue notorio el papel de los Estados Unidos. Como es bien sabido, la política intervencionista estadounidense, orientada a la contención de posibles revueltas sociales –sobre todo después de la Revolución Cubana en 1959– fue corresponsable de la prolongación del conflicto. También lo fue su estrategia de combate contra el narcotráfico, en cuyo marco se implementó el llamado Plan Colombia. Hoy, cuando la posibilidad de un acuerdo en La Habana parece irreversible, los Estados Unidos parecen adoptan una actitud constructiva. Sería necesario, sin embargo, también el reconocimiento de su corresponsabilidad en el conflicto colombiano.
En La Habana se ha negociado con base en una Agenda que contempla los siguientes puntos:
1. Política de desarrollo agrario integral
2. Participación política de las guerrillas desmovilizadas
3. Fin del conflicto
4. Solución al problema de las drogas ilícitas
5. Garantías para las víctimas del conflicto
6. Implementación, verificación y refrendación de la paz
En medio de una gran polarización de opiniones al interior del país, los diálogos de La Habana han avanzado en casi todos los puntos anteriores. El gobierno colombiano ha tenido que enfrentar la discusión sobre las causas sociales y políticas de la confrontación, y ello se expresa en los contenidos de los consensos hasta ahora alcanzados. Esta situación no ha sido bien recibida por parte de sectores de la ultraderecha colombiana, ni de algunos gremios empresariales vinculados con la gran propiedad latifundista y ganadera. En estos momentos, en Colombia –acaso por primera vez en la historia– un sector social llama a la “resistencia civil” contra un proceso de paz basado en la suposición de que puede afectar sus intereses particulares. Pero el proceso sigue y ha logrado compromisos importantes para blindar los acuerdos a que se llegue, dándoles el carácter de un Acuerdo especial conforme al artículo 3.º común a los Convenios de Ginebra, y estableciendo mecanismos formales para incorporarlos a la Constitución mediante el Acto legislativo para la paz, a cuyo estudio está abocado el Congreso Nacional.
La izquierda política colombiana no es distinta a la del resto de Latinoamérica, que en muchas ocasiones han sido perseguidas y eliminadas por los sectores de ultraderecha y militaristas. Algo similar ha sucedido con organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones agrarias, y otras comprometidas con la vivienda popular, los derechos humanos y las garantías democráticas constitucionales. La izquierda latinoamericana, sin embargo, tampoco ha logrado acercar a sus distintas vertientes y coordinar sus acciones a partir de programas mínimos de acción. Los intentos realizados presentan una existencia efímera y conflictiva hasta su crisis y disolución.
Por ello, el ingreso de la sociedad colombiana a una etapa de postacuerdo le plantea a la izquierda, en primer lugar, el reto de la creación de acuerdos de acción y elaboración de un programa común para la búsqueda de una participación decisiva en el destino político del país. Es necesaria además –bajo el signo de la paz– la reconstrucción del movimiento popular dirigido al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores del campo y la ciudad, así como la implementación de programas de educación política para la paz y para la solución democrática de los conflictos sociales, en cuyo marco las comunidades desempeñen un papel protagónico.